La educación como derecho

ladiaria Nacional | Martes 06 • Octubre • 2015

Pablo Martinis

Columna de opinión.

El autor
Martinis es licenciado en Ciencias de la Educación. Magíster y doctor en Ciencias Sociales con mención en Educación. Profesor agregado y director del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad. Coordinador del Instituto de Educación (FHCE). Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación nos gusta pensar nuestro trabajo desde la consiga “Un compromiso con los derechos humanos”. La frase define claramente lo que pretende ser, a la vez, un posicionamiento académico, ético y político, en el más amplio sentido de estas palabras.

La educación, en sus múltiples manifestaciones teóricas y prácticas, constituye el centro del trabajo cotidiano de quienes nos desempeñamos en el Instituto de Educación de la facultad. Si bien el espacio académico que nos nuclea surgió a pocos años de haber comenzado la oscura noche dictatorial, la preocupación por la educación y por la pedagogía nos viene desde nuestros inicios como facultad a través de la obra de don Carlos Vaz Ferreira.

El presente nos encuentra en medio de un proceso de desarrollo académico que se refleja en la existencia de diversas y pujantes líneas de investigación, el desenvolvimiento de variados proyectos de extensión universitaria -en los que se hace patente el trabajo conjunto con diversos actores de la educación formal y no formal- y una práctica de enseñanza que nutre a la Licenciatura en Educación, a diversos ámbitos de posgrado de la Universidad y que el año próximo se plasmará en el inicio del dictado en nuestra casa de la Maestría en Ciencias Humanas Opción Teorías y Prácticas en Educación.

Uno de los elementos que atraviesa fuertemente muchas de las acciones de producción de conocimientos en las que participamos es la promoción del derecho a la educación en sus más amplias expresiones.

El sistema educativo uruguayo produce resultados fuertemente vinculados a los niveles socioeconómicos de los que provienen sus estudiantes. Sin entrar a explicitar aquí datos estadísticos ampliamente conocidos, bastará simplemente con señalar que en lo que tiene que ver con la finalización de la enseñanza media superior, un estudiante perteneciente al quintil más rico tiene diez veces más chances de lograrlo que un estudiante del quintil más pobre. Ello obviamente repercute en el acceso a la educación superior, que se encuentra también fuertemente estratificada en términos socioeconómicos.

De acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente, resulta claro que el sistema educativo uruguayo, en toda su extensión, funciona reproduciendo y naturalizando las desigualdades sociales que existen en la propia sociedad de la que forma parte. Ello no es resultado de ninguna conjura maquiavélica existente entre algunos que militarían cotidianamente a favor de la desigualdad, sino que, por lo contrario, se da pese a todos los intentos, desarrollados en las últimas décadas, de ir en contra de esa desigualdad.

Quizá haya llegado el momento de interrogarnos acerca de por qué, más allá de nuestras buenas intenciones, la educación uruguaya continúa produciendo desigualdad. Seguramente una de las primeras cuestiones a despejar es si es posible hacer responsables a los que fracasan por su situación o si deberíamos colocar en el centro la responsabilidad política del Estado. Nuestra Ley de Educación (18.427) es muy clara al respecto: “El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa” (Art. 1º).

Los trabajos de investigación de varios de los equipos del Instituto de Educación nos han llevado a insistir en los últimos años en un aspecto que nos parece relevante para intentar construir nuevas formas de abordaje del problema. Me refiero en concreto a la forma en que se visualiza al educando, sujeto de la educación, al momento de concebir las políticas e intervenir en las prácticas educativas.

Nuestro trabajo se ha desarrollado en los últimos años teniendo en cuenta un cuestionamiento que ha introducido en el debate pedagógico el filósofo francés Jacques Rancière. En sus términos: “Se trata de saber si el mismo acto de recibir la palabra del maestro -la palabra del otro- es un testimonio de igualdad o de desigualdad. Es una cuestión política: se trata de saber si un sistema de enseñanza tiene por presupuesto una desigualdad que ‘reducir’ o una igualdad que verificar”.1

El discurso sociopedagógico imperante, que en los años 90 se agrupaba en torno al significante “equidad” y hoy lo hace vinculado al de “inclusión”, ha estado volcado hacia la primera de las posiciones enunciadas por Rancière. Según esta perspectiva, la educación sería el principal ámbito de lucha contra las “desigualdades de origen” de los sujetos. Un elemento sobre el que quizá no hemos reflexionado lo suficiente tiene que ver con considerar cuánto incide en los resultados de nuestras políticas educativas ese punto de partida que nombra al otro como desigual, ubicando la fuente de esa desigualdad en la “idealidad distante del origen”, como diría Michel Foucault. Es desde esta perspectiva que se ha producido la actual configuración del sistema educativo uruguayo.

Estoy convencido de que si alteráramos esa noción sobre el otro y su ontológica desigualdad, pasando a considerar que en lo que se encuentra es en una situación material de desigualdad, estaríamos en condiciones de reubicar la noción democrática fundamental, aquella que señala al otro como un igual, más allá de la situación en que se encuentre en un momento determinado. En términos pedagógicos, considerar al otro un igual es apostar a concebir la tarea educativa como un permanente esfuerzo por trabajar en función de verificar cotidianamente su capacidad de aprender, tanto como cualquier otro miembro de la especie.

Reivindicar esta forma de concebir la igualdad no niega reconocer que las situaciones materiales de existencia condicionan las posibilidades de desarrollo de los sujetos. Simplemente se basa en resistirse tenazmente a creer que el presente necesariamente es una condena y a reivindicar que solamente hay trabajo educativo si se parte del reconocimiento de las capacidades y potencialidades de un otro. Así educar, más que incluir, podría ser una práctica de la libertad o una política de la justicia. Valdría la pena intentarlo.

Rancière, Jacques (2007). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Buenos Aires, Libros del Zorzal; p. 10.
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